Debido procedimiento de fiscalización SUNAT: plazo de seis meses y suspensión por documentos pendientes
Introducción
Que una fiscalización parcial dure más de seis meses calendario no significa, por sí solo, que SUNAT haya vulnerado el debido procedimiento. La RTF N.° 07690-5-2026 explica cómo influyen la entrega incompleta de documentos y las causales de suspensión en el cómputo del plazo.
1. Fiscalización parcial: el inicio del procedimiento y el cómputo del plazo son distintos
El artículo 61 del Código Tributario permite que SUNAT fiscalice parcialmente uno o algunos elementos de la obligación tributaria. Para tal efecto, debe comunicar al contribuyente el carácter parcial de la fiscalización y los aspectos sujetos a revisión. Asimismo, dispone aplicar el artículo 62-A considerando un plazo de seis meses, sin las prórrogas previstas en el numeral 2 de este último artículo.
Ahora bien, el artículo 1 del Reglamento del Procedimiento de Fiscalización, aprobado por Decreto Supremo N.° 085-2007-EF, establece que el procedimiento comienza cuando surte efectos la notificación de la carta de presentación del agente fiscalizador y del primer requerimiento; si se notifican en fechas distintas, se considera el último documento.
En cambio, conforme al numeral 1 del artículo 62-A del Código Tributario, el plazo se computa desde que se entrega la totalidad de la información o documentación solicitada en el primer requerimiento. Por lo tanto, la notificación de inicio y el comienzo del cómputo no necesariamente coinciden.
2. La entrega incompleta de documentos puede suspender el plazo de fiscalización
El literal d) del numeral 6 del artículo 62-A contempla la suspensión durante el lapso en que el deudor tributario incumple con entregar la información solicitada. De igual manera, el inciso d) del artículo 13 del Reglamento regula esta causal a partir del segundo requerimiento, hasta que se entregue la totalidad de lo solicitado.
En la RTF N.° 07690-5-2026, de 11 de agosto de 2026, se examinaron fiscalizaciones parciales del Impuesto a la Renta de 2015 y 2016. La contribuyente alegó que SUNAT había solicitado información adicional cuando ya habían transcurrido más de seis meses.
No obstante, el Tribunal verificó que se había presentado parcialmente la documentación requerida sobre exportaciones y operaciones de comercio exterior, sin que posteriormente se acreditara su entrega completa. En tal sentido, concluyó que el plazo permanecía suspendido y que los requerimientos posteriores no habían sido notificados fuera del plazo legal.
Es importante precisar que la contribuyente también alegó que los contratos escritos solicitados no existían porque sus acuerdos eran verbales. Sin embargo, el Tribunal sustentó la suspensión en la entrega incompleta de la documentación del punto 4 de los requerimientos, referida a operaciones de exportación. Por consiguiente, el criterio no debe presentarse como una autorización para suspender el plazo únicamente por no exhibir contratos escritos inexistentes.
3. El cierre del requerimiento no significa que se haya cumplido íntegramente
El artículo 8 del Reglamento regula el cierre de los requerimientos. Al respecto, el Tribunal aplicó la RTF N.° 08716-10-2017, de observancia obligatoria, según la cual, tratándose del segundo y demás requerimientos, cuando se presenta o exhibe parcialmente lo solicitado, el cierre se realiza una vez culminada la evaluación de la documentación o información presentada.
De este modo, el cierre del requerimiento puede coexistir con una entrega incompleta. Su cierre y notificación no acreditan, por sí solos, que haya cesado la causal de suspensión.
Asimismo, el artículo 14 del Reglamento exceptúa de la comunicación mediante carta de las causales, periodos de suspensión y saldo del plazo cuando la suspensión ha sido motivada exclusivamente por el contribuyente conforme a los incisos d) y e) del artículo 13. Esa excepción fue aplicada en el caso analizado.
No obstante, el propio artículo 14 contempla que SUNAT comunique esa información cuando el contribuyente solicite conocer el estado del procedimiento al amparo del inciso e) del artículo 92 del Código Tributario.
4. Vencimiento del plazo y motivación: ¿cuándo existe una actuación irregular?
Los numerales 4 y 5 del artículo 62-A del Código Tributario y el artículo 16 del Reglamento limitan los requerimientos de información adicional una vez vencido el plazo. Sin embargo, su vencimiento no impide emitir y notificar los valores correspondientes dentro del plazo de prescripción, ni realizar las demás actuaciones permitidas por dichas disposiciones.
De otro lado, la contribuyente alegó falta de motivación porque SUNAT no habría analizado que determinados depósitos correspondían a adelantos por ventas de bienes futuros. El Tribunal rechazó ese argumento: no se había presentado documentación que vinculara los abonos con las operaciones alegadas, pese al requerimiento expreso.
En consecuencia, consideró motivadas las resoluciones y precisó que discrepar con sus fundamentos no determina su nulidad. Este pronunciamiento no establece que todo adelanto sea renta gravada; responde a la falta de sustento del origen de los depósitos examinados.
5. Recomendaciones para ejercer el derecho de defensa durante la fiscalización
Para evaluar si SUNAT respetó el plazo, conviene reconstruir el cómputo desde la entrega completa del primer requerimiento e identificar las suspensiones efectivamente configuradas. Asimismo, corresponde revisar cada resultado y contrastar lo presentado con lo solicitado, pues el cierre no equivale a conformidad.
Si se atribuye una entrega incompleta, resulta recomendable responder de manera específica y documentar el cumplimiento. Cuando un documento no exista, debe explicarse esa circunstancia y aportar, de corresponder, los medios disponibles que sustenten la operación.
Finalmente, el cuestionamiento por vulneración del debido procedimiento debe identificar la actuación irregular y su sustento. El simple transcurso de seis meses calendario o la disconformidad con las conclusiones de SUNAT no bastan para obtener la nulidad.
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Nota legal de autoría: Este artículo es de autoría de la Dra. Mery Bahamonde Quinteros, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Máster Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima. Esta obra se encuentra protegido por normas de propiedad intelectual. Su reproducción total o parcial sin autorización previa está prohibida.
